En España, la entidad se constituyó en 1904 como organización sin ánimo de lucro, estructurada en asociaciones regionales. En 1991, estas se integraron en una Federación Católica Nacional, también sin ánimo de lucro. En 1964 fue clasificada como Institución Benéfico-Social y, en 1973, declarada Entidad de Utilidad Pública. No obstante, la declaración de utilidad pública actualmente vigente a efectos legales es la otorgada en 2017 por el Ministerio del Interior.
A lo largo del año 2025, la entidad ha desarrollado un trabajo continuado orientado al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y a la expansión de modelos de intervención social especializados, especialmente en el ámbito de la atención a mujeres en situación de violencia de género, trata de seres humanos y contextos de prostitución. Nuestra labor se ha centrado en consolidar un rol estratégico de conexión, acompañamiento y articulación entre los distintos agentes implicados, favoreciendo respuestas más integrales, eficaces y sostenidas en el tiempo.
En este sentido, se ha mantenido una coordinación permanente con administraciones públicas de distintos niveles —autonómico, municipal y estatal—, participando en mesas técnicas, espacios de trabajo conjunto y dispositivos de derivación y seguimiento. Estas acciones han permitido mejorar los canales de comunicación, optimizar los itinerarios de atención y contribuir al diseño e implementación de políticas y recursos adaptados a las realidades detectadas en el territorio.
Asimismo, se ha trabajado de manera estrecha con entidades privadas y organizaciones del tercer sector, promoviendo alianzas estratégicas, intercambios de información y acciones coordinadas que refuercen la cobertura y calidad de las intervenciones.
La función principal de la entidad durante 2025 ha sido la de impulsar la expansión y coordinación de proyectos y metodologías, facilitando la transferencia de conocimiento, la homogeneización de criterios de intervención y el acompañamiento técnico a equipos y recursos especializados.
Este enfoque ha permitido no solo ampliar el impacto de las actuaciones, sino también garantizar una respuesta más coherente y articulada frente a vulneraciones de derechos especialmente complejas. La consolidación de redes de trabajo estables se configura así como un eje estratégico fundamental para